Mexicanos iluminados, ¡por fin!

Hace unos años, ante la urgente necesidad de cubrir la alta demanda de energía eléctrica durante el gobierno de Felipe Calderón, se firmaron nuevos contratos para ampliar la red de suministro. Sin una reforma energética vigente, la única opción viable en ese momento fue otorgar concesiones a empresas privadas para la construcción de gasoductos destinados al transporte de gas natural y, con ello, garantizar el suministro de electricidad en el país.

El gas natural, además de contar con una sobreoferta que mantiene sus precios en niveles históricamente bajos, es entre cuatro y cinco veces más costo-eficiente que el diésel y el combustóleo, con la ventaja adicional de ser significativamente menos contaminante.

Tras varios años de construcción, actualmente hay siete proyectos detenidos, a pesar de que presentan un avance superior al 80%. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha insistido en modificar los contratos de estos gasoductos, argumentando que la empresa está pagando tarifas demasiado altas por su funcionamiento mientras permanecen inactivos. Sin embargo, dichos contratos se establecieron conforme a estándares internacionales, lo que implica que estos proyectos siguen recibiendo pagos por servicio, aun cuando no estén operando.

Las siete obras detenidas pertenecen a tres empresas (una mexicana, una estadounidense y una canadiense) y su paralización obedece a conflictos sociales, ambientales y políticos con las comunidades por donde atraviesan los ductos. Ante esta situación, el Gobierno Federal decidió renegociar los términos, incluso llevando el caso a cortes internacionales, con el debate de si los contratos eran o no "leoninos".

Esta renegociación generó incertidumbre en los mercados, pues puso en riesgo la estabilidad del T-MEC. Finalmente, se alcanzó un acuerdo con condiciones más favorables para el Estado.

Cambios en los contratos

Se ajustó la estructura de tarifas previamente establecida, con la promesa de ciertos beneficios dentro de la renegociación:

  • Ahorro de 4,500 millones de dólares: No obstante, este cálculo se hizo a valor nominal, es decir, sin considerar la variación del valor del dinero a lo largo del tiempo.
  • Uso del Valor Presente Neto (VPN): Para evaluar los costos reales, es necesario aplicar esta fórmula, que permite medir el valor actual de pagos futuros. Como bien señalaba Carlos Urzúa, no usar el VPN en contratos de largo plazo genera una percepción ficticia de ahorro.
  • Impacto del tiempo en el valor del dinero: Un pago anticipado debe reflejar el valor que ese mismo monto tendría en el futuro, considerando factores como la inflación y el rendimiento financiero (por ejemplo, el de los Cetes a 28 días).

Beneficios adicionales para las empresas

  • Extensión de la vigencia de los contratos.
  • Autorización para que las empresas realicen inversiones en los ductos.
  • Mayor funcionalidad de los gasoductos: En los periodos en que no sean utilizados, podrán generar ingresos al ser rentados a terceros.

Implicaciones del acuerdo

Este resultado envía una señal positiva al sector energético, que vuelve a posicionarse como un eje clave del gobierno. Además, abre la puerta al regreso de los farm-outs y las rondas petroleras. Lo más relevante es que este acuerdo podría marcar el inicio de un mercado sólido de gas natural en México, además de sentar bases favorables para la ratificación del T-MEC.

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